Muelles de Limón son tomados por la Fuerza – Policial
Contingentes policiales toman los muelles del Atlántico.
Trabajadores denuncian hostigamiento y maltratos
por parte de la Unidad de Intervención Especial (UIP).
Autoridades de JAPDEVA han perdido todo control
sobre las actividades en los puertos.
Antecedentes
La Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) es una institución autónoma del estado costarricense.
Creada en 1963 para administrar los puertos de la zona, JAPDEVA tiene entre sus objetivos principales, el de contribuir con el desarrollo económico y social de la provincia de Limón, la cual ha sido y sigue siendo, la de mayor pobreza y desempleo en el país.
En 1972, JAPDEVA y su Sindicato de Trabajadores, SINTRAJAP, suscriben una Convención Colectiva de Trabajo que es ratificada por los representantes del Gobierno y que de acuerdo con el artículo 62 de la Constitución Política de Costa Rica, tiene fuerza de ley.
A pesar de lo anterior, cada vez se hace más común el irrespeto del Gobierno costarricense por la Convención Colectiva mencionada. En el 2003, por ejemplo, ya se produjo una situación muy similar a la actual, en que trabajadoras, trabajadores y simples ciudadanos limonenses, fueron agredidos violentamente por la policía al intervenir las instalaciones de JAPDEVA.
Situación actual de la zona portuaria
Actualmente, JAPDEVA le adeuda a sus trabajadoras y trabajadores, una suma total que ronda los 500 millones de colones [1] y que se deriva de compromisos claramente establecidos en la Convención Colectiva con SINTRAJAP.
Al mismo tiempo, desde hace varios años ese sindicato viene denunciando el pésimo estado de las instalaciones portuarias de JAPDEVA: los desperfectos y carencias con que deben enfrentarse diariamente, y que colocan en peligro no solo la operación de los muelles, sino la propia integridad física de las y los trabajadores. Una situación que resulta paradójica, al considerar que las finanzas de JAPDEVA cierran año tras año con excedentes, pese a lo cual, el Gobierno se ha negado a realizar las inversiones necesarias. A esto debemos agregar las repetidas ocasiones en que el Gobierno de Oscar Arias, ha expresado su intensión de promover como parte de sus proyectos de privatización del estado, la concesión de los puertos del Atlántico.
Frente a la necesidad inminente de modernización, las y los trabajadores de SINTRAJAP elaboraron un documento que incluye 26 acciones claves para lograr el fortalecimiento y la modernización de JAPDEVA y sus instalaciones. Este proyecto fue entregado al Gobierno el 14 de agosto del presente año. Hasta el día de hoy el Gobierno ha evitado referirse al mismo.
Durante meses, el SINTRAJAP ha buscado sentarse a negociar con el Gobierno del Premio Nobel la manera de honrar los dineros adeudados por JAPDEVA a sus trabajadoras y trabajadores, pero tal y como nos comentó Ronaldo Blear, Secretario General del Sindicato, solo recibieron respuestas negativas en cada ocasión.
Frente a este total desinterés del Gobierno por solucionar la situación, el Sindicato lanzó la advertencia de que en caso de verse obligados a aplicar medidas de presión, el objetivo de la lucha ya no sería el pago de dineros adeudados al Sindicato, sino el compromiso del Presidente de no concesionar los puertos de JAPDEVA.
El Lunes 25 de septiembre de este año, SINTRAJAP inicia las medidas de presión para solicitarle dos cosas al señor Presidente de la República: uno, que desista de su intención de concesionar los muelles de JAPDEVA; dos, que honre los compromisos que legalmente le corresponden a las y los trabajadores.
Como repuesta, el Viernes 29 de septiembre, Oscar Arias envía 300 efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) para que tomen el control de los puertos de Moín y Alemán. La fuerza policial genera a partir de ese momento un clima de tensión y amedrentamiento entre las y los trabajadores de JAPDEVA, violentando las obligaciones del Gobierno de garantizar un sano, bueno y pacífico clima en el lugar de trabajo, y al mismo tiempo, remueve a la Junta Administradora de sus funciones, pasando por alto la autonomía constitucional y las tareas que por ley le corresponden.
Vale la pena aclarar, que hasta el día de hoy, SINTRAJAP no se ha declarado en huelga y las medidas de presión que ha tomado, se han limitado a “trabajar a reglamento”, lo cual quiere decir, cumpliendo todos las exigencias establecidas por la administración en apego a las normas internacionales en el ramo, principalmente en lo que se refiere a la seguridad de las y los trabajadores. Contrario a esto, usualmente las y los trabajadores de JAPDEVA se ven obligados a trabajar más allá de lo que el equipo con que cuentan les permite hacerlo manteniendo su seguridad.
En este sentido, el Gobierno no tenía ningún motivo para intervenir las instalaciones de JAPDEVA, puesto que las y los trabajadores no han incumplido sus obligaciones laborales y mucho menos, se habían declarado en huelga, a la cual, debemos agregar, ciertamente tienen derecho.
Principales anomalías denunciadas ante esta comisión
El Viernes 6 de octubre, un equipo de observadores de CODEHU visita los muelles Alemán y Moín en la ciudad de Limón. Estas son las principales anomalías que pudieron observar:
1. Control Policial de las Instalaciones Portuarias. Ambos puertos se encuentran bajo control absoluto de las fuerzas de la Unidad de Intervención Policial (UIP).
2. Ingreso desrregulado a las instalaciones portuarias. De acuerdo al reglamento de JAPDEVA, ningún particular puede ingresar sino cuenta con un permiso especial que lo autorice. Actualmente las y los oficiales de la UIP no solo permiten el ingreso de particulares, sino que además, no revisan los vehículos que entran y salen del lugar. Nadie tiene claridad respecto de que sale y que entra por estos puertos.
3. Abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza por parte de la UIP. Durante la intervención de la UIP, por ejemplo, fue agredido un trabajador de JAPDEVA, luego de que uno de los jefes del operativo, ordenara a un oficial torcerle la mano por negarse a entregar las llaves de uno de los montacargas. Este trabajador luego fue expulsado de las instalaciones portuarias y tanto a él, como a otro compañero, se les impide ingresar a laborar. Fue también innecesariamente agredido un oficial de seguridad de JAPDEVA, el cual se encontraba cumpliendo su obligación de vigilar el ingreso al muelle.
4. Intimidación y hostigamiento por parte de la UIP. Las y los trabajadores de JAPDEVA expresaron su malestar por la forma en que son tratados por las fuerza policial: amenazas si no trabajan rápidamente y continuas provocaciones. Relataron como son constantemente vigilados, al punto de que cuando entran en sus oficinas escuchan en las paredes y ventanas el golpe de las macanas policiales indicándoles que están siendo controlados.
5. Inaceptable intromisión de las empresas transnacionales. Las y los trabajadores denunciaron que en muchas ocasiones, eran los mismos personeros de las empresas exportadoras, los que haciendo acto de presencia en las instalaciones de JAPDEVA, presionan a las autoridades y cuerpos policiales para que, a como de lugar, aceleren la operación de las terminales portuarias.
6. Inseguridad laboral. Las y los trabajadores, denunciaron asimismo el riesgo en que están poniendo su salud y seguridad, al ser obligados a trabajar sin el equipo adecuado y a ritmos que ya han denunciado como imposibles.
Posición de esta organización al respecto
Frente a esta situación la Comisión Costarricense de Derechos Humanos debe recordarle al Gobierno costarricense, los compromisos legales adquiridos en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita con el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de JAPDEVA; los Convenios de la OIT 98, 151 y 154, relativos al Derecho de Sindicalización y Negociación Colectiva; 155, relativo a la Salud y Seguridad en el Trabajo y 152, relacionado con la seguridad e higiene en los trabajos portuarios.
Así mismo, que las acciones arriba descritas lesionan directamente los siguientes Derechos Humanos y están amparados tanto por los tratados internacionales debidamente suscritos por el Estado Costarricense como por la legislación nacional vigente:
– Al no responder oportunamente a la propuesta de SINTRAJAP el gobierno ha violentado el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica y el artículo 24 de la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre.
– Al ingresar violentamente a las instalaciones portuarias y agredir a varios funcionarios fueron violados los siguientes artículos relativos a la integridad física: el artículo 48 de la Constitución Política de Costa Rica, el 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
– Al expulsar a varios funcionarios de las instalaciones e impedirles reinstalarse en sus respectivos puestos de trabajo se están violando el artículo 56 de la Constitución Política de Costa Rica, el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 23 y 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
– Al intimidar y hostigar a las y los trabajadores por aplicar una medida de presión legal y legítima acordada por su organización sindical se están violando el artículo 60 de la Constitución Política de Costa Rica, el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 23 de Declaración Universal de Derechos Humanos.
– Al obligar a las y los trabajadores a laborar a una velocidad que pone en peligro su integridad física, además de volver a violar los derechos relativos a integridad física, el artículo 8 delPacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Reiteramos nuestra profunda preocupación por:
– La forma arbitraria en que las fuerzas policiales tomaron (militarizando) los puertos del Atlántico: dado que las y los trabajadores de SINTRAJAP no han violado de manera alguna la legislación laboral y menos cometido alguna acción delictiva, que les pueda ser achacada.
– Este estado de militarización que se vive en los puertos de la zona atlántica y de virtual estado de sitio de la ciudad de Limón: el cual no es aceptable en un estado de derecho.
– La incontrolada forma en como están ingresando personas y vehículos a las instalaciones portuarias: lo cual constituye un peligro para la seguridad del país y un portillo abierto para cualquier irregularidad fiscal o acción delictiva.
– El constante irrespeto de las Convenciones Colectivas de Trabajo por parte del Gobierno costarricense: que pone en entredicho el absoluto respeto por el Derecho Internacional, que tanto promociona el Gobierno del Premio Nobel.
– La forma sistemática en que el Gobierno de Oscar Arias, está haciendo uso de la violencia policial para resolver los conflictos e impulsar sus Proyectos de Gobierno, frente a quienes lo adversan.
Solicitamos respetuosamente al Gobierno de Oscar Arias Sánchez, que reconsidere la posición mantenida hasta este momento en el actual conflicto en Puerto Limón y proceda a retirar a la brevedad posible las fuerzas policiales de las instalaciones de JAPDEVA, reinstale a dicha Junta en el control efectivo de los puertos de Moín y Alemán, procure la restitución de las y los trabajadores de JAPDEVA en el goce efectivo de sus derechos sindicales y laborales, optando por el dialogo como única salida democrática frente a este y cualquier otro conflicto.
Consideramos realmente lamentable que el Gobierno presidido por el Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias Sánchez, pase por alto el reclamo de miles de costarricenses y sus legítimas organizaciones, que piden el dialogo como mecanismo para enfrentar la grave polarización política y económica en que se sume nuestro país.
Comisión Costarricense de Derechos Humanos
10 de Octubre de 2006.-
